Tensiones en la cúpula del poder
Ricardo V. Santes Álvarez
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La élite poderosa se compone de hombres políticos, económicos y militares, pero [esa grey de poderosos no camina siempre de la mano pues] no se halla exenta de cierta tensión: sólo se une en determinados puntos coincidentes y en ciertas “crisis” (C. Wright Mills, La élite del poder, cap. 12).
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Para dimensionar la inmensa influencia de esa élite de individuos políticos, económicos y militares, es suficiente con reconocer las debilidades o limitaciones de los demás. Las personas de la calle, los ciudadanos de a pie, tienen capacidad de incidir apenas en su cotidianeidad; pero aun ahí se ven abrumados por decisiones que vienen de muy lejos y de muy arriba, las cuales son muchas veces tan incomprensibles como inexorables. Si en la Norteamérica del sociólogo C. Wright Mills, el imperio nacional residía en esos tres dominios, en la actualidad las cosas no han cambiado sustancialmente. No sólo eso, la fórmula es aplicable a otras geografías, como el México de nuestro tiempo.
Sirve reparar en la tensión que se vive en la cúpula del poder. En una entrega anterior, apunté que los trágicos y reprobables acontecimientos del 30 de junio y 26 de septiembre de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, habían detonado una imagen de descrédito monumental tanto del gobierno como del ejército. Que a la federación le urgía borrar del imaginario social y político tan terribles sucesos, sobre todo el de la desaparición forzada (finalmente se acepta formalmente, aunque a regañadientes, que fue forzada) de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ya que trastocaba el discurso triunfalista del peñismo de las reformas estructurales.
La invitación gubernamental a “no quedar atrapados” en ese momento de la vida nacional ha recibido el rechazo de amplios sectores sociales (en primer lugar, de las familias agraviadas), quienes esperan saber la verdad sobre lo padecido por los normalistas, y no se conforman con la “verdad histórica” que construyó la Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Karam (sigue ahí, ¿verdad?).
El caso de los 43 jóvenes, y en general el reclamo de afrontar seriamente el tema de las desapariciones forzadas en México, que comparten diversas voces del exterior, son vistos con recelo por la administración federal. El reciente informe sobre el desempeño gubernamental, elaborado por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas expresa preocupación por la impunidad en los numerosos casos denunciados, que queda de manifiesto por “la casi inexistencia de condenas por este delito”. Con incomodidad, la Secretaría de Gobernación respondió que el informe es inexacto; que las recomendaciones del Comité “no reflejan adecuadamente la información presentada por México” ni abonan a confrontar exitosamente los retos. Nada nuevo; la cerrazón a la crítica es el sello oficial, no de ahora, sino de ayer y de más atrás.
La encrucijada en que se halla el poder político es alarmante. En enero de 2014, una encuesta de Parametría reveló que 70% de los encuestados manifestaron poca o ninguna confianza en la presidencia de la República. Era el auge de las reformas y aún no sucedía el horrendo episodio de Iguala, ni se ventilaba el asunto de la Casa Blanca y escándalos acompañantes. En diciembre, el presidente Peña Nieto reconocería la falta de credibilidad en las autoridades y la desconfianza generalizada, aunque cargó la viga en los ayuntamientos. Con todo lo sucedido, es factible suponer que en 2015 la desconfianza incrementó.
Cuando las cosas no caminan conforme a lo esperado, el cierre de filas en la cúpula es natural. Baste recordar que a la convocatoria de Peña Nieto, el 4 de diciembre pasado, de superar la dolorosa experiencia de Iguala, se sumó la declaración del presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, quien el día 10 de ese mes afirmó que la desaparición de los estudiantes no justifica el reclamo de la sociedad, por lo que exigió al gobierno “dar vuelta a la página, como se ha hecho con otras tragedias en el país, igual que el terremoto de 1985”. Reprobó las acciones que han venido efectuando los padres de los normalistas desaparecidos así como ciudadanos y miembros de diversas organizaciones, a lo largo y ancho del territorio, pues dijo, “No se puede seguir con los bloqueos y las movilizaciones que perturban la actividad económica de la población, ya que [sólo en Guerrero] se afecta la vida de 800 mil familias, que conforman un total de 3.5 millones de habitantes”.
No es raro el rechazo del sector económico no sólo a la expresión social, sino a todo lo que afecte las pingües ganancias a que está acostumbrado. En el extremo del utilitarismo ramplón y la soberbia (no podía ser de otra manera), Solana Sentíes sentenció “El gobierno debiera resarcirles a las familias el daño que se ocasionó, los padres aceptar lo que se les dé y después cerrar la página”.
Otra perla cortesía de un sector del empresariado nacional, que afortunadamente no es todo. Por delante, la inmoralidad en el manejo del dinero y el desprecio a las clases que poco o nada tienen. ¿Se ha preguntado usted cuánto vale su hija o su hijo? Ponga un precio o, si no lo sabe, pase a la Concanaco Servytur, que ahí recibirá de su presidente la asesoría necesaria.
Tal parece que, en la medida que el poder político se debilita, el económico se agiganta, se ensoberbece, exige al gobierno y desdeña públicamente a la clase trabajadora. Aprovecha el momento y cierra filas en las alturas; seguramente, a costa de mayores concesiones. Como diría el clásico, “no tiene llenadera”.
