.
Ricardo V. Santes Álvarez
.
El pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas […] y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. Proceso, no. 2007, 18 de abril de 2015
Laura Castellanos es el nombre de una periodista que, con su valiente y profesional trabajo, da una sacudida más a la endeble cimentación que sostiene las instituciones de la República. Resultado de su acción investigativa, en el semanario Proceso de esta semana, así como en la cadena televisiva Univisión y en el portal Aristegui Noticias, se publica una historia dolorosa, sangrienta, en la que se describe la forma en que representantes del Estado, OTRA VEZ, masacran con lujo de maldad, a civiles, hombres y mujeres.
En Fueron los federales, Laura Castellanos reconstruye una matanza realizada por policías en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de este año. Lo hace, con el apoyo de testimonios de sobrevivientes y sus familiares, así como de pobladores y personal médico. Adicionalmente, con auxilio de material videográfico.
“¡Mátenlos como perros!”, revela la periodista Castellanos, fue la orden inmisericorde para que los federales balearan a miembros y simpatizantes de la denominada Fuerza Rural, que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán. “Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón”, continúa el relato, “protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de templarios en sus localidades”.
Del párrafo anterior, sirve ampliar algunos detalles. La Fuerza Rural no era más que una agrupación de hombres dedicados originalmente a la pizca del limón. ¡Jornaleros convertidos a policías, pues! El nombre de ese gremio fue G-250, pues estaba integrado por 250 personas. Fue creado a partir de las llamadas Autodefensas, es decir, precisamente de quienes esa comunidad de jornaleros formaba parte. En esa condición, con la autorización y encomienda del gobierno, el G-250, podía desplazarse por la entidad y realizar labores de búsqueda de los líderes del crimen organizado, esto es, los Caballeros Templarios.
Vale recordar que los grupos de autodefensas salieron a la luz en febrero de 2013. Que se conformaron por agricultores y ganaderos quienes, cansados de sufrir vejaciones por parte de los Templarios, tenían el propósito de recuperar territorios tomados por esa mafia, misma que, según las crónicas, ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro, que del tráfico de drogas. A diferencia de las autoridades, que no pudieron o no quisieron contener a los violentos, las autodefensas lograron la expulsión parcial del cartel.
El “Castillo” que se menciona en el relato es, ni más ni menos, que el “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, a la sazón Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, designado por el presidente de la República el 14 de enero de 2014. En mayo de ese año, el comisionado creó la Fuerza Rural para apoyar su labor en la entidad, que tenía entre sus objetivos la captura de Servando Gómez, alias La Tuta líder de los Templarios. Así, a través del sesudo y experimentado trabajo de virrey en temas de seguridad (?), el gobierno de Peña Nieto dio reconocimiento a la nueva agrupación, uniformándole y armándole. El compromiso gubernamental fue que a cada policía se le pagaría poco más de 8 mil pesos al mes.
Sin haber logrado el propósito de capturar a La Tuta (ésta ocurrió a final de febrero 2015) ni mucho menos haber llevado la paz al estado, Castillo Cervantes disolvió la Fuerza Rural en diciembre de 2014. Señaló que sus integrantes “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”. Agregó que desde ese momento toda persona armada sería “detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes” y que dicha decisión se tomó por solicitud del gobernador Salvador Jara, e instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El 22 de enero Castillo fue relevado del encargo. No obstante, su patente fracaso no fue motivo para que su amigo el presidente tomara distancia. Como alguien apuntó, Castillo permanecería “apapachado y con todo el apoyo y reconocimiento de su patrón, quien seguramente le tiene algo bien guardado”. Así fue; el 16 de abril, Peña Nieto le dio nueva chamba, esta vez, como titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Por supuesto; si no, ¿para qué son los amigos?
Ahora, se revela algo que puede contextualizar mejor la salida del virrey: la realidad de lo acontecido en Apatzingán. La situación mostraba otra falla (una más) del Estado mexicano en el supuesto compromiso de salvaguardar la integridad y bienestar de los ciudadanos. Tal vez ahí esté la explicación, repugnante pero simple, de que el Estado mexicano tolerara el asesinato de civiles y ex-miembros de la fuerza policial, plantados en el Palacio Municipal del lugar en demanda del salario devengado y de seguridad a su integridad física. Si el gobierno no tenía capacidad de brindar seguridad, tampoco tenía el menor interés en pagar a los limoneros/ex-policías lo que les debía. En cambio, lo que sí poseía era un inmenso poder de fuego para aniquilarlos y así finiquitar el asunto.
Recientemente, Castillo Cervantes refutó versiones sobre excesos de los federales en la fecha fatal, defendiendo la propia que había dado en ese entonces, donde argumentaba el “fuego cruzado” entre autoridades y narcotraficantes. En efecto, luego de los acontecimientos, afirmó que todos los fallecidos pudieron ser muertos “por sus propios compañeros, esto es, por un tema de fuego cruzado […] Es imposible determinar cuál de esos balazos les causó la muerte pero sí dejar claro que […] no hay una sola evidencia de que haya gente de la Policía Federal que les diera a la espalda a estas personas”.
Respecto al video, que hoy todos conocemos gracias a medios como Proceso, Univisión, y el ogro del cuento, Aristegui Noticias, donde se perciben los excesos de los federales, Castillo afirmó que no lo había visto “por completo”. ¡Qué casualidad! No obstante, aventuró decir que “lo que salga probablemente está distorsionado, sacado de contexto”. El mensaje es simplón y reprobable: informadores y medios como los mencionados son para el virrey unos mentirosos, pues el gobierno federal (él incluido) es incapaz de cometer atrocidades como las que esas voces descarriadas describen. ¡Faltaba más!
Por si los mexicanos no estuviéramos hartos de tanta falsedad y cinismo gubernamental, donde hasta funcionarios de cuarta categoría, como el virrey, pretenden mentir exitosamente a la sociedad, ocurrió algo adicional, que únicamente revela desesperación en las alturas. El día en que Aristegui Noticias daría a conocer el reportaje sobre la masacre en Apatzingán, el sitio sufrió ataques cibernéticos que lo dejaron fuera de servicio por muchas horas. ¡Otra casualidad! Como si acto tan pedestre pudiera detener la difusión de una información que debe ser del conocimiento de todos, la que por cierto, los medios orgánicos tradicionales procuran ignorar. ¿Quién pretende engañar y ocultar la realidad? ¿A quién? El lector tiene la respuesta.
Es claro que el caso Apatzingán no está concluido. Aunque el hoy flamante titular de la Conade no lo comparta, debe iniciarse una profunda investigación sobre esa barbarie. Castillo Cervantes debe rendir cuentas ante instancias imparciales y, si tiene alguna responsabilidad, debe someterse al proceso jurídico indicado. Él y toda la cadena de mando que pudiese haber incurrido en algún ilícito. El país ya no aguanta más violaciones al Estado de derecho ni premios a la impunidad para los infractores… así sean los mejores amigos del presidente.
.