Tlatlaya: un año de encubrimiento e impunidad
Foto: somoselmedio.org
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Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario. (Disposición VII, girada por la Comandancia de Batallón, de San Miguel Ixtapa, Edo. de México, al Teniente de Infantería, Ezequiel Rodríguez Martínez, comandante de operaciones en el Mpio. de Tlatlaya, el 14 de junio de 2014. En: Centro Prodh, 2015: 20-21).
El jueves 2 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) dio a conocer su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, el cual relata lo acontecido en el municipio del mismo nombre el 30 de junio de 2014, cuando se registró la muerte de 22 personas. En el documento se revelan disposiciones que debían acatar los militares de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, en esa demarcación.
Como se recordará, la información oficial, respaldada por el gobierno estatal y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la sazón presidida por Raúl Plascencia Villanueva, fue que en el sitio y la fecha aludidos se registró “un enfrentamiento” entre el ejército y una banda de peligrosos delincuentes. Se recoge en fuentes que el gobernador Eruviel Ávila Villegas lo ilustró así: “El Ejército en su legítima defensa abatió a los delincuentes […] finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece al acción decidida y contundente del día de ayer”.
El paso del tiempo, y la búsqueda incansable de la realidad de los hechos, por parte de instancias independientes, como los periodistas de Associated Press y la revista Esquire, pusieron en la mesa una versión totalmente distinta a la oficial: en una bodega del lugar, el ejército ejecutó civiles. El informe Tlatlaya a un año, nutre con evidencias contundentes el decepcionante desempeño de una institución que antaño se preciaba de ser una de las que mayor confianza inspiraban en los mexicanos. Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirmó que el mensaje estaba suficientemente claro: “los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso”.
El informe del Centro Prodh confirma las ejecuciones, ilegales sin atisbo de duda, pero sobre todo, pone en evidencia una política de Estado peligrosa, repugnante, y fuera de toda racionalidad para un país que se precie de democrático: el encubrimiento mutuo y la impunidad garantizada al interior de la elite del poder, que le brinda la posibilidad de deshacerse de seres humanos sin ningún miramiento. Hoy, el poder militar se preocupa más por las prebendas, los jugosos salarios (que, por cierto, no se nota que lleguen hasta la tropa) y el acuerdo mutuo con los detentadores de los poderes político y económico, que por resguardar, al menos, la soberanía nacional.
La respuesta al informe del Centro Prodh por parte de la Secretaría de Gobernación, vía Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos, fue que, para el Gobierno Federal la palabra ‘abatir’ no significa privar de la vida: “Abatir tiene muchas acepciones, pero ninguna es privar de la vida”, dijo. La opción del gobierno fue incursionar en el terreno de la semántica para matizar (enredar más bien) el significado del verbo. En efecto, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) tiene un mínimo de diez acepciones del término, pero solamente el gobierno opta por necear que, en el listado de órdenes recibidas por un miembro del ejército, significa algo distinto a lo rigurosamente mortal. Todos en el gobierno, incluido el señor Campa, entienden bien que “operar en la noche en forma masiva […] a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad” es mucho más que “derribar, derrocar, o echar por tierra”, según la primera acepción de la palabra en el diccionario de la RAE. Pero el encubrimiento no tiene límites.
Si alguien mantiene la duda, recurramos a un glosario de actualidad y mayor propiedad, por ser aplicable al pie de la letra al contexto mexicano. Me refiero al ejercicio discursivo, de unos años a la fecha, del hoy comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto:
El gobernador […] Enrique Peña Nieto, consideró que elevar las penas no es suficiente para abatir la delincuencia […] Sobre la propuesta del presidente Felipe Calderón de restablecer la cadena perpetua, el mandatario mexiquense dijo que “es buena, pero no es suficiente…” [ …] [“S]e pueden imponer penas de muerte, cadenas perpetuas o muchos años de prisión, pero lo importante es que se apliquen las condenas cualquiera que sean”. (Notimex | El Universal, 7 de agosto de 2008)
Haré un compromiso con […] abatir la delincuencia de un modo eficaz; el combate a la delincuencia y al crimen organizado no es tarea de un partido político, sino de todo el Estado mexicano. (Enrique Peña Nieto, Candidato presidencial, 15 de enero de 2012, La Prensa.mx)
El candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto aseguró que de obtener la presidencia de la República emprenderá una nueva estrategia para abatir a la delincuencia organizada, tomando como ejemplo la experiencia de otras latitudes. (Excélsior, 14 de junio de 2012)
[“Las áreas de seguridad] se han venido equipando y seguiremos también ampliando las inversiones para un mayor equipamiento en el uso de la tecnología, para actuar con inteligencia, con precisión, tiros certeros y que no estemos trabajando sin brújula…” […] “La visión es muy clara: no riñe el que el esfuerzo esté enfocado a reducir violencia con el combate a la criminalidad, a las bandas del crimen organizado […] el Estado está obligado y en esa tarea seguiremos, a combatirlos y abatirlos”. (Juan S. Solís, Noticieros Televisa, 16 de julio de 2013; Alejandro Páez en SLP, Crónica.com.mx, 17 de julio de 2013)
De cara a los trágicos sucesos de junio de 2014, parece que a la institución castrense le queda perfectamente claro a qué se refiere su comandante supremo al utilizar el término abatir.
Cuando los presuntos delincuentes no sólo son privados de un juicio justo, sino de la vida misma, sin que las fuerzas del Estado se detengan a considerar que ellas son las primeras obligadas a respetar la Ley, es indiscutible que las instituciones que hemos construido están en grave riesgo. Su peor degradación se revela en los eventos de sangre que han marcado esta administración. Si como dijo Peña Nieto en 2012, el combate a la delincuencia y al crimen organizado es tarea del Estado, éste tiene que asumir la responsabilidad, y presentar y enjuiciar conforme a derecho, a los asesinos que alberga en el ejército y en las policías, a quienes permite patrullar las calles para “salvaguardar la integridad de los ciudadanos” (… sí, cómo no).
El caso es que, a estas alturas, los socios de Washington ya están preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos en México. Tal vez a ellos si se les tome en cuenta.
