Guatemala, ejemplo para México
Agencia EFE
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El pasado 25 de abril, el diputado Amilcar Pop denunció penalmente al presidente Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por la comisión de supuestos delitos, entre ellos, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tras la renuncia de Baldetti, el 8 de mayo se revelan operaciones de la estructura fraudulenta “La Línea”, dos días después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón (prófugo), de liderar la red. El escándalo se da en medio de multitudinarias manifestaciones que exigen la salida del Presidente y el reemplazo del gabinete. El 25 de agosto, el MP revela nexos de Pérez Molina con “La Línea”. El 27 de agosto, cientos de guatemaltecos inician paro nacional reiterando la exigencia de renuncia. La Procuraduría recomienda dicha renuncia. El Congreso integra la comisión pesquisidora para evaluar el antejuicio al presidente. El 28 de agosto, el jefe de Estado rechaza renunciar: “No podemos romper las leyes del país, aquí deben de haber elecciones (…) yo estoy aquí; no voy a darle la espalda al pueblo de Guatemala, no voy a esconderme…”, declara. El 1 de septiembre, el Congreso retira la inmunidad a Otto Pérez al considerar que existen suficientes pruebas para procesarlo. El 2 de septiembre el MP emite orden de arresto en su contra. En la madrugada del día siguiente, se confirma que el mandatario entregó carta de renuncia. El Congreso la aceptó y, sin mayor preámbulo, fue enviado a prisión. El viernes 4, el ahora ex Presidente despertó tras las rejas. Cronología sucinta del caso Otto Pérez Molina, elaborada con información de TeleSur http://www.telesurtv.net/news/Cronologia-renuncia-de-Otto-Perez-Molina-20150903-0009.html
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que año con año elabora la organización Transparency International mide los niveles de apreciación de esa práctica negativa en el sector público de 175 países y territorios. La escala va de 0 a 100, donde el valor mínimo significa ‘altamente corrupto’ y el máximo ‘muy limpio’. En la medición 2014, que puede consultarse en el sitio web de la organización, sin sorpresa vemos que Dinamarca y otros nórdicos, junto con Nueva Zelanda, ocupan los primeros cinco lugares; son las perlas de la honestidad y el buen desempeño.
Para Latinoamérica, las cosas no pintan bien, pues no obstante que Chile y Uruguay ocupan, ambos, el sitio 21, y Costa Rica el 47 (IPC de 73 y 54, respectivamente), mostrándose como los tres menos corruptos de la región, los demás examinados quedan debajo de los 50 puntos. Reprobados. México, por caso, se ubica en el sitio 103, con un IPC de apenas 35; sí, de 100 puntos posibles, apenas alcanza 35. Vergonzoso.
El diccionario de la Real Academia Española define corrupción como una práctica que se realiza en “las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Un punto de inicio para buscar causas, explicaciones y alternativas de solución a este cáncer es, por tanto, la actividad de los servidores-funcionarios públicos. No es que esa mala práctica no ocurra en otros ámbitos, pero resulta más dañina cuando impacta en el erario.
Si gustamos criticar a otros países del área, es mejor andarnos con cuidado. Cuba, Brasil, El Salvador, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia quedan por arriba en el índice. Son menos corruptos. Inclusive ocupando México mejor posición en la región que otros, como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, o Venezuela, no hay garantía que las cosas sean mejores acá que allá. De la misma forma, no hay seguridad que allá nada cambie, como acá.
Para muestra, un botón. Guatemala, ocupante del lugar 115 (IPC de 32), acaba de dar una lección de democracia y dignidad a todas las naciones del área y de otras geografías. El pueblo guatemalteco ha demostrado que, cuando está decidido y unido en aras de un objetivo común, logra lo que se propone: ha enviado a prisión a quien hasta el 3 de septiembre fue su presidente, Otto Pérez Molina. Ni más ni menos. La acusación, como se relata arriba, es diversa, pero queda claro que el enriquecimiento ilícito y la asociación para delinquir se ubican en el dominio de la corrupción, por haber utilizado el ex-presidente su alto encargo y la inmensa cantidad de medios a su alcance, para obtener un provecho personal. “La Línea”, en concreto, se traducía en que hombres de negocios pagaban sobornos (“moches”, pues) a funcionarios gubernamentales y oficiales aduaneros para que se les permitiera evadir derechos de importación.
¿En dónde los mexicanos hemos escuchado o sabido de algo parecido? En nuestro país, ¿quién puede dudar que el cargo de un funcionario sea, en la mayoría de los casos, vía libre para incurrir en actos que le garanticen ventaja de cualquier índole? Es difícil hallar un servidor público inmune a la corrupción; tal vez por eso, al primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, se le llena la boca cuando dice que es un asunto cultural. Su mensaje es que no le busquemos “tres pies al gato” ni cosa por el estilo; que somos mala sangre y que no hay vuelta de hoja. Y si ello es así, es un sinsentido pedir explicaciones sobre casas blancas o casas “malinalcas”, inmuebles “donados”, pinturitas regaladas, bitácoras de helicópteros, o contratos oscuros. Es un despropósito de algunos inadaptados porque todo ello es parte de la normalidad. Es más, tan interiorizado está el virus “cultural” que las pesquisas de los ministerios públicos, las resoluciones de las cortes, o las exculpatorias indagaciones de instancias de la función pública son viciadas por definición. Sí ¿y qué? Total, así somos. Si en el subcontinente no hay nada que hacer, pues en México menos.
Por fortuna, del Sur (no del Norte) llega una alentadora lección: la corrupción, pueblo mío, NO es cultural. Son los corruptos quienes tratan de convencernos de que ese mal es compartido por todos para justificar sus pillerías. El pueblo guatemalteco, harto de gobernantes sucios, ha mandado al cabecilla de la banda, el mismísimo mandatario de la República, a donde debe estar: la cárcel. Cierto es que, como lo señalan analistas, el hecho ocurrió gracias al apoyo de una instancia externa como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, lo importante es que aconteció, lo que demuestra que la limpieza de una sociedad es factible cuando el interés surge, primeramente, desde ella misma. NO de sus “líderes” incrustados en el gobierno o en los partidos políticos (ellos están muy bien con el estado de cosas). NO de ministerios de función pública, NO de sistemas nacionales “anticorrupción”, ni elefantes blancos semejantes. Por otro lado, las ayudas de fuera son imprescindibles, pues de eso se trata ser parte de la comunidad internacional.
La terrible situación que pasa México en todos los ámbitos, que ha derivado en la falta de credibilidad y confianza en sus instituciones, tanto en el interior como en el exterior, ha orillado al propio Peña Nieto a reconocerla como inmenso desafío para lo que resta de su malogrado desgobierno. Es, sin duda, una circunstancia que demanda atención urgente. El país ha tocado fondo, y si la sociedad no se organiza y cambia el rumbo, las consecuencias serán funestas en el corto (muy corto) plazo. Los hermanos guatemaltecos han dado el ejemplo y por ello merecen un sincero agradecimiento. Los mexicanos… ¿Cuándo?
Fecha de publicación en otros medios: 6 de septiembre de 2015
Ver: Los Angeles Press, Plumas Libres, Infolliteras
Twitter: @RicSantes
