El brazo corruptor de Odebrecht en México

(Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos. Nota Aclaratoria vía Twitter, @EmilioLozoyaAus, 13 de agosto de 2017, 16:42 hr).

El fenómeno de la corrupción es ampliamente conocido en América Latina. Ha escalado a niveles de escándalo y es cada vez más recurrente que se dé al amparo de las relaciones perniciosas entre actores políticos y del sector público con directivos de grandes corporaciones. Cada día, se recogen noticias sobre casos donde las decisiones de política pública se llevan a cabo con la finalidad de favorecer a grupos empresariales. En el extremo, es también frecuente reconocer a miembros de grandes corporativos formando parte de los aparatos gubernamentales en diferentes países. Con esto último, los Estados no sólo se debilitan en sus compromisos de velar por el bienestar general sino que quedan capturados, a merced de los propósitos de lucro de individuos y organizaciones insertos de cúpulas de poder, nacionales e internacionales.

Las alianzas entre actores gubernamentales y económicos se nutren, crecen y fortalecen, en el contexto de sistemas políticos con liderazgos corrompidos, que se cobijan mediante entramados institucionales construidos desde el autoritarismo y en obediencia a cuotas partidistas y mafias políticas, sin que los justos contrapesos que suponen los sistemas democráticos funcionen eficazmente. De hecho, en ese embrollo de funcionarios es común hallar representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, quienes, en soslayo y deshonra de su investidura, sin recato establecen acuerdos para la consecución de objetivos de ganancia económica o de cualquier tipo.

Un caso emblemático, que ilustra la grave problemática en que se hallan inmersos varios países del área, es la investigación judicial brasileña conocida como Operación Lava Jato, la cual ha tocado la puerta de residencias presidenciales y de otros altos funcionarios, y que involucra, entre otras organizaciones privadas, a la empresa Odebrecht. En efecto, Odebrecht está inmersa en uno de los mayores escándalos de corrupción en Brasil y en otras naciones de América Latina, así como en África y Estados Unidos.

México está en la lista del brazo corruptor del gigante brasileño, pues se ha desvelado que Petróleos Mexicanos contrató con Odebrecht, en el contexto de una supuesta trama de sobornos, con la finalidad de que el gobierno mexicano favoreciera sus inversiones. Llama la atención de la comunidad internacional que, mientras acá poco ha dicho o hecho la autoridad responsable, la Procuraduría General de la República (PGR), en otras geografías desde meses atrás se iniciaron indagatorias para atender el problema, y es la hora en que prominentes personajes políticos ya han sido llevados a juicio.

La presencia de Odebrecht en el territorio no es nueva; su concurso en proyectos de generación de infraestructura se remonta al año 1992, aunque su fuerza emprendedora fue mayor a partir de 2010, cuando intervino en al menos tres proyectos de construcción. En adición, el gobierno de Veracruz abrazó su participación en la construcción de una presa y una central eléctrica en la cuenca de un río cercano a Xalapa. En todos los casos, se ha mantenido la sospecha sobre la manera en que la empresa obtuvo tales contratos.

Sólo muy recientemente, la PGR, más por presión política y mediática que por compromiso para con el deber, aseveró estar investigando el asunto Odebrecht, y se atrevió a confirmar un nombre que ya de tiempo atrás se ventilaba en diversos medios, el de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Miembro distinguido del grupo gobernante, Lozoya Austin es señalado de haber recibido de Odebrecht la friolera de 10 millones de dólares; imputaciones que, evidentemente, ha rechazado. Sabiendo de los nexos del personaje con la cúpula dominante, más de un comentarista ha externado su premonición: Lozoya no sufrirá ningún rasguño; es familia.

El tiempo pasa, y los mexicanos nos damos cuenta que las instituciones no cumplen con sus atribuciones a cabalidad; las excusas son muchas, pero el resultado, que es lo que cuenta, es decepcionante: la “justicia” aplica para los indefensos y los adversarios, no para los pudientes y afines al grupo en el poder. La conclusión es que las expectativas de cumplimiento de la Ley y combate efectivo a la corrupción, son ilusiones que difícilmente se verán concretadas.

Hay quienes argumentan que, mientras el actual régimen continúe, las cosas seguirán igual o peor. Pues qué lamentable, porque el país no merece hallarse en esta situación. En todo caso, si la argumentación es válida, la noticia es que al actual gobierno le falta poco para irse y eso abre la puerta a un cambio de régimen. Al respecto, no puedo evitar manifestar mi escepticismo, …aunque en la vida nunca deja de haber sorpresas.

Plumas Libres 28-Ago-2017