México, un país dolido, convulsionado, y decidido a cambiar
Ricardo V. Santes Álvarez
La crispación social en México aumenta. La percepción ciudadana de falta de mecanismos de interlocución con la autoridad es cada vez más generalizada. A lo largo y ancho de la geografía nacional, aunque rebosando en la ciudad capital, la inconformidad y el rechazo hacia formas arcaicas de gobernar, son manifiestas; tanto en la federación como en estados y municipios. Ese ánimo se torna en la constante, en el día a día de nuestra desilusionante realidad.
Atrás quedaron las bufonadas del «Me comprometo y cumplo», del «Mover a México»; de la creencia en que este gobierno enderezaría el rumbo de la nave hacia un mejor estadio, porque se creyó que asumirían al poder quienes «sí saben gobernar»… Pues NO, no ha sido así y parece que ya no será.
De la mano de gobiernos de cualquier filiación partidista, el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto está llevando al país a la debacle. En entidades y ayuntamientos de aquí y allá las diferentes administraciones viven la jauja de la discrecionalidad en el uso y abuso de los recursos, en la corrupción generalizada y en la rampante impunidad. Ahí están los Duarte, Malova, Velasco, Moreira, Padrés, Medina, Borge, Moreno Valle. Y ahí están los alcaldes del ayuntamiento que usted guste nombrar. TODOS haciendo de las suyas con los recursos públicos, y banalizando los problemas que rehúyen y son incapaces de solucionar.
Como ese gracioso «gobernador» que se ufana de que en el estado que «gobierna» cuando se habla de delitos sólo se trata de robos de frutsis y pingüinos en algún Oxxo. Y como ese alcalde de San Miguel de Allende, Gto., quien ordena a su tesorero robarse un millón 390 mil pesos de los recursos públicos.
Para colmo, esos desgobernantes se comportan tan irreverentemente debido a que no hay un centro coordinador y regulador capaz de imponer un mínimo control de sus desmanes. Y es que ese centro, en la figura de la federación, no puede controlarse ni a sí mismo, por lo que cuando en alguna demarcación territorial la situación llega a límites críticos, impone gobernadores débiles y dóciles, como ocurrió recientemente en Michoacán y Guerrero, que poco o nada resuelven.
Pero en el tema del ejercicio de la labor, no puede pedirse peras al olmo: el presidente de la República predica con el poco enaltecedor ejemplo de la opacidad, y la primacía del interés personal y de grupo por encima del interés nacional. En el extremo, peca de la misma actitud del ex-presidente Salinas, al aplicarle a la mayoría de los mexicanos el «Ni los veo ni los oigo». En síntesis, en los primeros dos años de su gobierno, el inquilino de Los Pinos ha logrado, con gran éxito, colgarse medallas de rechazo y descrédito.
¿Acaso creerá en verdad Peña Nieto que su receta de 10 puntos servirá para sacar al país adelante? Lo dudo. ¿Creerá que su recomendación de «superar» de una buena vez la dolorosa situación es suficiente para dar vuelta a la página y hacer como que aquí nada pasó? También lo dudo ¿Pensará que el asunto de la Casa Blanca y otros conflictos de interés en que ha incurrido, quedaron zanjados por simple voluntarismo? ¡Por favor!
El presidente señala a los ayuntamientos por la inseguridad que vivimos. Y cómo no, si la violencia ocurre en lugares concretos. Pero lo que el ejecutivo no reconoce es que el municipio es la pieza más relegada de la administración pública y, por supuesto, el patito feo en el acceso a las partidas presupuestales. Peor aún es que no reconozca la ineludible responsabilidad de su administración en el objetivo de mantener la seguridad y paz pública en todo el país el cual, incidentalmente, se integra por municipios.
A los sucesos de Ayotzinapa y Tlatlaya se suman las tragedias de la guardería ABC, Atenco, Aguas Blancas, los feminicidios en el Estado de México y Ciudad Juárez, los periodistas asesinados en Veracruz y otras entidades, las recurrentes vejaciones a las comunidades indígenas; y un largo etcétera. Tragedias e infamias que han lastimado y enlutado a miles de hogares, y en donde el Estado mexicano ha incumplido su tarea de hacer valer la ley y procurar justicia imparcial.
El domingo 7 de diciembre, el Procurador Jesús Murillo Karam informó, o mejor dicho, confirmó, lo que desde ayer se sabía: Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, está muerto. Dijo, asimismo, que lo anterior confirma la solidez de su investigación ¿Será? Algún día sabremos toda la verdad, que seguramente no será de fuente gubernamental. Lo cierto es que, en el caso de Alexander, el argumento de la desaparición cede su lugar al de asesinato, y eso es garantía de que la protesta social va a seguir. Continuará porque a los asesinatos/desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa se han sumado afrentas como las enunciadas arriba.
Las consecuencias de un actuar gubernamental que no está a la altura de las circunstancias ya las estamos viendo y viviendo… menos el presidente Peña Nieto. Para él, todo se resuelve con un discurso, con una aparición en la televisión al buen resguardo de aplaudidores a modo, y con inserciones lisonjeras en medios acomodaticios. Por eso la situación se agrava.
Vale decir, sin embargo, que el gobierno federal aún tiene la oportunidad de reorientar la nave. Peña Nieto debe establecer acuerdos mínimos de gobernabilidad con la mayoría de los actores sociales. No con la clase política únicamente (que para eso el Pacto por México ya hizo suficiente) sino con la sociedad civil y, ciertamente, con la sociedad económica. La alternativa sería una necia, ciega y sorda, insistencia en dirigirse al fracaso.
Twitter: @RicSantes
Fecha de publicación en otros medios: 8 y 9 de diciembre de 2014
Ver: Plumas Libres, Infolliteras
