Conflictos por agua en México. Peripecias de una incierta política ambiental

México se encuentra en una delicada condición ecológica y social. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que entre las dificultades más relevantes, que amenazan la sustentabilidad, se encuentran la pérdida de ecosistemas terrestres y acuáticos y su biodiversidad, la escasez y contaminación de los recursos hídricos, y la calidad del aire. Ha advertido que la necesidad de actuación es urgente no sólo por la magnitud de los problemas en sí sino porque éstos trascienden lo estrictamente ambiental y afectan aspectos como salud o seguridad alimentaria, e incluso económicos, pues significan un desafío para la producción y el comercio.

A lo largo y ancho del territorio encontramos casos donde el aprovechamiento de la naturaleza y sus riquezas raya en controversia o declarado conflicto. Mientras por un lado las actividades mineras, papeleras, hoteleras, refresqueras, cerveceras, restauranteras, etcétera, gozan de cabal salud, por otro lado comunidades enteras sufren exclusiones y expoliaciones, en tanto que los ecosistemas padecen deterioro y contaminación. Las ganancias de algunos significan pérdidas para otros. En realidad, el problema de fondo remite a la racionalidad con la que se percibe la relación sociedad-naturaleza: hasta hoy, el uso adecuado ha sido superado con creces por el abuso depredador.

La pregunta es si el estado de cosas puede cambiar a favor de las mayorías y la naturaleza.

De cara al asunto, el ejecutivo federal parece manifestarse por una transformación profunda que redunde en mejores condiciones de vida para la población y permita recuperar los sistemas ecológicos del país. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la autoridad declara que su objetivo más trascendental es que hacia 2024 la población viva en “un entorno de bienestar”. Por eso, el Plan asume que deben atenderse “insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico [Por ello, el gobierno] considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país”. Además, el quehacer público se guiará por “una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica […] ni al entorno”. Suena bien… pero el PND es apenas un esbozo de ideas esperanzadoras y voluntariosas, como ha sido siempre en esos documentos. Lo que realmente cuenta es lo que hace el gobierno cuando enfrenta retos concretos.

Por su actualidad y sensibilidad política, sirve comentar como caso ilustrativo la disputa por el agua en el Valle de Mexicali, en Baja California, donde ciudadanos y agricultores rechazan la operación de la empresa cervecera transnacional Constellation Brands (CB). Citando un informe que el académico Alfonso Cortez Lara preparó para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hasta antes de la llegada de CB, en la región se daba una evolución económica e industrial relativamente ordenada, lograda por vía de una conciencia colectiva de sostenibilidad y evitando iniciativas económicas que acentuasen inconvenientes de escasez hídrica.

Cabe mencionar la condición de aridez y la variabilidad climática de la región que, como indica el Dr. Cortez Lara, comprometen “la relativa estabilidad social y productiva, el manejo óptimo de recursos hídricos y el buen estado del medio ambiente”. Imposible obviar que el acuífero fue declarado en veda rígida tipo III desde 1965, sin autorización para nuevas perforaciones y concesiones, y declarado sobreexplotado en 2005.

La oposición a CB radica, entre otras cosas, en que la empresa hará uso de grandes cantidades del vital líquido. Iván Martínez Zazueta, otro estudioso del tema, asevera que la cantidad de agua solicitada por CB (20 Mm3) supera el consumo de toda la industria de Mexicali y Tijuana juntas; pero aun una cantidad menor que la empresa afirmó tener, de 5.8 Mm3, “supera los 4.7 Mm3 que utilizan las casi 200 industrias conectadas a la red municipal […] las cuales generan más de 70 mil empleos”. Agrega Martínez Zazueta que las siete industrias que utilizan más agua en Mexicali, consumen casi una tercera parte de esos 5.8 Mm3 y generan 10 veces más empleos.

En adición, a los ciudadanos, agrupados en el colectivo Mexicali Resiste, les ha sido negado por parte de la autoridad el derecho a realizar un plebiscito que defina la posición general de cara al proyecto cervecero, tal como se estipula en el artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente, así como en los artículos 13 y 22 de la Ley de Participación Ciudadana, ambas del Estado de Baja California… ¿será acaso porque el citado artículo 22 señala que, cumplidos ciertos criterios, el resultado del plebiscito tendrá carácter vinculante para los actos del Poder Ejecutivo?

Pese a las condiciones físicas del valle y su acuífero, la inconformidad, y los preceptos jurídicos que amparan a los inconformes y que debieran respetarse, las autoridades —entre quienes se encuentra la Semarnat, la Conagua y el gobierno del estado— anuncian que no ven obstáculo para la operación de la cervecera. “Por el contrario, [la operación de CB] podría llegar a representar una oportunidad para incrementar la inversión en el mejoramiento del uso del agua en el Valle, siempre y cuando los aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos lleguen a subsanarse”, declaró Conagua en reciente comunicado. Pues si la posición gubernamental es soslayar expresiones contrarias a CB, no cabe duda que el interés mercantil sigue estando muy por arriba del interés general y la sustentabilidad ambiental.

Si bien el PND afirma que el quehacer público se ha de guiar por un desarrollo que subsane injusticias e impulse el crecimiento sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica ni al entorno, lo que realmente cuenta es lo que hace el gobierno de cara a los asuntos. Ahí es donde intervienen los servidores públicos junto con otros actores políticos y se toman las decisiones que marcan el desempeño de una administración. Penosamente, en el caso descrito queda claro que hay mucha distancia entre el discurso y el hacer gubernamental. Hasta ahora, los desempeños de la Semarnat, Conagua y el ejecutivo de Baja California son insatisfactorios, por decir lo menos.

Plumas Libres, 27-ene-2020