El caso Gray: lecciones de Baltimore para México
Ricardo V. Santes Álvarez
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It is absolutely vital that the truth comes out on what happened to Mr. Freddie Gray. It is my practice not to comment on the legal processes involved. That would not be appropriate. [J]ustice needs to be served. All the evidence needs to be presented. Those individuals, who are charged, are obviously also entitled to due process and rule of law. So I want to make sure that our legal system runs the way it should. [Truth] is what people around the country expect. And to the extent that it is appropriate, this administration will help local officials get to the bottom of exactly what happened.
Remarks by the President Barack Obama on World Press Freedom Day. May 01, 2015
El pasado 12 de abril, la policía de Baltimore, estado de Maryland, arrestó a Freddie Gray, un joven afro-americano, bajo el cargo de portar “una navaja”. Estando bajo custodia policial, Gray sufrió lesiones graves; tanto, que ocasionaron su muerte siete días después. Iniciada la investigación de rigor, la procuradora Marilyn J. Mosby, declaró que el arma blanca no era una navaja sino un cuchillo, cuya portación no es ilegal bajo las leyes estatales. El viernes 1o. de mayo, la fiscal presentó cargos criminales contra los policías involucrados. Además de la imputación de detención ilegal, otras acusaciones fueron homicidio involuntario, asalto en segundo grado, mala conducta en el cargo, y asesinato en segundo grado. Mosby afirmó de manera contundente: “Nadie está por encima de la Ley”.
El caso generó fuerte rechazo hacia la policía local, y tuvo repercusiones en otras geografías del país. No pocos suponían que el desenlace sería similar a otros previos, en que elementos policíacos han ocasionado la muerte lo mismo a afroamericanos que a latinoamericanos (señaladamente, mexicanos), pero donde han resultado absueltos. Si bien en esta ocasión el proceso legal apenas inicia con los cargos levantados, en la ciudadanía renace la expectativa de que, ahora sí, la justicia sea efectiva.
La experiencia del caso Gray puede llevarse a México y presentarse a los ojos de las instituciones formales del Estado; principalmente, porque las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama y la procuradora Mosby permiten extraer al menos siete lecciones para la circunstancia mexicana.
Primera. El 28 de abril, el presidente Obama se refirió a los acontecimientos de Baltimore y al hecho de que, prácticamente, cada semana aparece una nueva historia sobre personas que pierden la vida a manos de policías. Dijo que eso era algo que ha ocurrido por mucho tiempo “No es nuevo, y no deberíamos pretender que es nuevo”, aclaró.
En México, los excesos de quienes detentan autoridad tampoco son algo nuevo, ni deberíamos pretender que lo son. Más bien, parece que perdimos la capacidad de asombro gracias a las noticias que diariamente recibimos sobre actos criminales de servidores públicos, que acaso nos llevan a preguntar con qué nos encontraremos al día siguiente. Obama no está solo en su apreciación, aunque a diferencia de la claridad de sus palabras, acá se estila justificar la barbarie oficial con eufemismos como “daños colaterales”, “fuego cruzado”, o de plano se viste a las víctimas como peligrosos delincuentes, integrantes de “células criminales”.
Segunda. En la misma fecha, Obama agregó que “la buena nueva es que quizás hay una conciencia redescubierta, debido a las redes sociales, los videos y cosas así, sobre que hay problemas y desafíos cuando se trata de cómo operan el trabajo policíaco y nuestras leyes en ciertas comunidades”. La conciencia ciudadana existente, de antaño conocida, se fortalece con el amplio uso de redes sociales y otros medios alternativos.
Para México, la expectativa es que, de la mano del avance de las redes sociales, se genere una conciencia distinta sobre la imperiosa necesidad de invocar a la responsabilidad ciudadana para dar seguimiento al quehacer de policías, militares, funcionarios y políticos, así como de los encargados de impartir justicia. Son cada vez más los que, con los recursos tecnológicos a su alcance, se atreven a informar eventos que medios y comunicadores orgánicos, paleros de un sistema corrupto, acostumbran callar.
Tercera. En su intervención del 1o. de mayo, Obama dijo, “Es vital que se descubra la verdad sobre lo que pasó con el Sr. Freddie Gray”, asimismo, que la verdad es “lo que espera la gente de todo el país”.
Igualmente en México la ciudadanía espera saber la verdad sobre los crímenes perpetrados por fuerzas del Estado en contra de civiles. En nuestro país hay muchos Freddie Gray que no han recibido justicia. Aunque para el esclerótico sistema parezca hartante cantaleta, la sociedad no olvida a los supuestos “delincuentes” ejecutados por el ejército en Tlatlaya, en junio de 2014; a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, arrestados por policías locales en Iguala y luego “desaparecidos por integrantes del crimen organizado” en septiembre de 2014; ni a los civiles masacrados por federales en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015. Tampoco se han olvidado las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1995, o de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997; ni las atroces violaciones sexuales, y muertes, en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
Cuarta. Dijo el presidente Obama que no acostumbra hacer comentarios sobre los procesos legales involucrados, puesto que eso “no sería apropiado”. No obstante, agregó que la justicia “necesita ser servida”, que “toda la evidencia debe ser presentada”, y que tiene firme interés de que el “sistema legal funcione como debe”.
Cuánta diferencia exhibe este líder de un país democrático respecto a cómo actúan funcionarios y políticos en México de cara al poder judicial. Acá, parece que ya nadie se extraña que en muchos juzgados y tribunales la justicia sea una mercancía, y que muchos juzgadores actúen por consigna, acatando indicaciones de políticos y funcionarios influyentes. Tiene razón Obama en no opinar sobre procedimientos judiciales; mucho menos atreverse a insinuar algún curso de acción; porque allá sí, cualquier interferencia del Ejecutivo en el trabajo de otros poderes tiene consecuencias. Pero NO en México.
Quinta. Siempre en referencia al caso Freddie Gray, el jefe del ejecutivo estadounidense aclaró que, “En la medida en que sea apropiado, este gobierno ayudará a los funcionarios locales a llegar al fondo de lo que sucedió exactamente”. No hay duda que lo “apropiado” es aquello que permite la Ley y aquello a lo que está comprometido un gobierno central para con uno local. No más y no menos. Sobre esto, el gobierno mexicano tiene mucho que aprender; tal vez, algún día, ya no ocurran pifias como el “michoacanazo” y otras estupideces, que han llevado a este país a convertirse en el hazmerreir del mundo.
Sexta. Respecto a los policías a quienes la fiscal Mosby levanta cargos, Obama señaló, “Evidentemente, esos individuos que son acusados también tienen derecho a un debido proceso y al Estado de derecho”.
Diferente a lo que ocurre en el vecino del norte, donde la presunción de inocencia es un aspecto que regularmente va por delante, en México el debido proceso y el Estado de derecho tienen al menos dos varas de medición. Una, para los consentidos del poder en turno, y otra, para los demás.
Muestra de lo primero es la masacre del seis de enero en Apatzingán. En esa ocasión policías federales causaron la muerte a por lo menos 16 personas, e hirieron a muchas más. Sin embargo, el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. Contrariamente, el trabajo periodístico de Laura Castellanos demostró que los policías asesinaron con lujo de maldad a civiles indefensos. En cualquier país democrático, lo procedente era una rigurosa investigación para deslindar responsabilidades y, mientras tanto, separar de cualquier encargo público a los involucrados. Pero NO en México. Luego de su dudoso desempeño, Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Todo, según fuentes, por ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
Sobre la otra vara, ésta para medir a quienes no son allegados al poder, baste ejemplificar con quienes siempre resultan culpables de cualquier imputación: los sectores más vulnerables de la sociedad. Suficiente es ser pobre para ser considerado culpable. Peor, si además de pobre se es indígena. Aunque todavía es peor si amén de pobre e indígena se es mujer… y no se diga si se es estudiante. Si ello no es así, ¿cuál fue entonces la razón de actuar como se actuó en Iguala, Apatzingán, Aguas Blancas, Acteal y Atenco?
Séptima. Cuando la fiscal Marilyn J. Mosby presentó cargos contra los policías involucrados en la muerte del joven Gray, afirmó que “Nadie está por encima de la Ley”. En México, no pidamos a la procuradora general de la República, Sra. Arely Gómez, que resuelva todos los agravios acumulados; sería casi imposible. Pero preguntémosle sobre uno concreto: ¿Qué hará con la evidencia del asunto Apatzingán, que echa por tierra la versión del hoy flamante director de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes? ¿Investigará en estricto apego a Derecho a cualquier individuo señalado de tener responsabilidad en ese crimen, o permitirá que alguno esté por encima de la ley por el sólo hecho de ser cercano al presidente?
Los mexicanos guardamos muchas reservas respecto al vecino del norte. Sobre todo, hacia sus autoridades; tal vez porque, sin mayor reflexión, las percibimos semejantes a las de acá. Sin embargo, considero que las actitudes del presidente Obama y la procuradora Mosby respecto al caso Gray dejan ver otra realidad, y aportan lecciones importantes para la penosa y crítica circunstancia en que nos encontramos.
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Fecha de publicación en otros medios: 3 y 4 de mayo de 2015
Ver: Plumas Libres, Infolliteras, Los Angeles Press
Twitter: @RicSantes
