El Estado y la apología del silencio: la censura a Carmen Aristegui
Ricardo V. Santes Álvarez
No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones, no es tiempo para que la sociedad mexicana [retroceda…] esta batalla, no lo dude nadie, es [por] nuestra libertad; [por] el derecho a expresarnos; [por] el derecho a saber. Es en defensa de los periodistas y por lo tanto, en defensa de la sociedad. (Carmen Aristegui, 13 de marzo de 2015).
Es lamentable que periodistas mexicanos comprometidos con la verdad y su difusión amplia, sean agredidos por razón de su trabajo. Lo es porque revela un escenario donde se prefieren medios e informadores complacientes con el poder en turno, que ocultan realidades a cambio de prebendas. Una circunstancia así no favorece a una sociedad que se precia de ser democrática, que presume la existencia de derechos a la libre opinión y expresión, así como a la información.
Los sucesos de los últimos días apuntan a un grave retroceso en las aspiraciones al desarrollo social y político de país. Ante la ausencia de contrapesos a sus designios, la élite del poder nos conduce, aceleradamente y sin freno, hacia un Estado autoritario, muy a su conveniencia. En este contexto, llega la indignante noticia que una respetable informadora, María del Carmen Aristegui Flores, vuelve a ser blanco de la guadaña privada-gubernamental (o gubernamental-privada, que es lo mismo), pues su trabajo, junto con el del equipo que ha conformado, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, entre otros, afectó al statu quo.
El grupo de influyentes, que por muchos años ha detentado el gobierno real del país, explotó. No aguantó más el tener que soportar a una aguda y profesional informadora que le ha desnudado y pintado tal cual es:
1. Sordo y ciego ante las necesidades sociales;
2. Violento y criminal, cuando trata de imponer sus decisiones a toda costa;
3. Mentiroso y manipulador, al construir fantasías que luego vende como “verdades históricas”;
4. Soberbio, clasista y racista, para mostrarse omnipotente ante quienes carecen de las mínimas garantías;
5. Despilfarrador, corrupto y cínico al extremo, pues goza de una patente de corso: la impunidad, que se otorga a sí mismo por acuerdos cómplices.
.
Ese es el burdo y ventajoso enemigo que enfrentaron Carmen y colaboradores, cuyo trabajo ha dado la vuelta al mundo al exponer, de forma valiente y admirable, la cloaca que existe en los círculos del poder en México.
Alguien tenía que ir al frente y hacer la labor sucia. Como cabeza del prepotente ariete, y bajo argucias que nadie creyó, la empresa MVS lanzó escupitajos y patadas a esos informadores. ¿Acaso alguien duda que actuó por consigna? Para muchos, entre los que me incluyo, simplemente acató la indicación de alguien de “más arriba”, en el sentido de que la periodista incómoda tenía que salir del aire.
En su aparición matutina del 13 de marzo, Carmen manifestó su posición contundente, de la que rescato la parte donde afirma que, el actual, “No es tiempo de sometimientos, [ni] de aceptar regresiones […] esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad”. Coincido totalmente; como seguramente coincidirán José Manuel Mireles, Maude Versini, los estudiantes y familiares de normalistas de Ayotzinapa, entre muchos otros, quienes tuvieron en su programa un espacio para hacerse escuchar; espacio que, por cierto, otros “informadores” les cerraron. Abundo con algo que me parece sumamente grave, censurar a Carmen Aristegui es censurar la voz de los sin voz.
Quienes hoy pretenden acallarla violan principios elementales. Para empezar, pisotean los derechos humanos (sí todos aquellos inherentes a las personas, sin distinción alguna), los mismos que México se comprometió a respetar desde el año 1948 cuando signó la Declaración Universal de Derechos del Hombre, hoy Declaración Universal de los Derechos Humanos. Baste recordar que, entre los 30 artículos de la Declaración, el número 19 estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.
No sólo eso, en la Constitución se garantiza que todas las personas gocen de los derechos humanos que la propia Carta Magna reconoce así como los indicados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En cuanto a seguridad de libre exposición de pensamientos y acceso a la información, el artículo 6o. estipula con claridad que, “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público […] El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Enseguida, establece que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Desafortunadamente, hoy queda demostrado una vez más que, pese a estar plasmadas en su Ley máxima, esas garantías no son más que letra muerta en México.
¿Por qué el Estado mexicano, personificado por la faz perniciosa de ese híbrido privado-público, violenta la Ley, cuando que es el primero obligado a respetarla? ¿Por qué coarta la libertad de expresión de una periodista y con ello el derecho de los ciudadanos a ser informados? La respuesta, por simple, es muy grave y peligrosa: porque transitamos a un Estado retrógrada, autoritario, uno que ilusamente pensamos se había ido para no volver.
El recuento de afrentas que los mexicanos hemos recibido desde el poder es interminable. Por el bien de nuestra supervivencia como sociedad, no debemos dejar que ese monstruo arrebate una de las pocas luces que aún quedan en este océano de oscuridad. Aristegui, para muchos Nuestra Carmen, tiene que seguir informando.
.
