Florence Cassez y la pregunta obligada: México ¿una porquería de país?
Ricardo V. Santes Álvarez
El miércoles 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata y absoluta liberación de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien había sido condenada a 60 años de prisión, acusada de incurrir en el delito de secuestro y desde diciembre de 2005 permanecía en prisión. Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala del máximo Tribunal de la Nación tomó esta histórica resolución.
El ministro presidente de la Primera Sala, Jorge Pardo Rebolledo, leyó la esencia de la resolución: “Queda aprobado el proyecto modificado, por mayoría de tres votos, y en consecuencia, se concede el amparo de la justicia federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassez Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia. [Por lo anterior] se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta Primera Sala para que notifique, por los medios más eficaces y expeditos, a las autoridades correspondientes, que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassez Crepin”.
El “Caso Florence Cassez” generó expectativa mundial, y llegó a generar rispidez en las relaciones entre Francia y México, cuando el primero era gobernado por Nicolas Zarkozy y el segundo era desgobernado por Felipe Calderón. Pero ayer todo concluyó. El ministro Arturo Zaldívar planteó aprovechar la ocasión para hacer una llamada de alerta a las autoridades: “Más allá del caso […] es muy oportuno y muy conveniente enviar un mensaje contundente desde esta Suprema Corte que no se vale violar los derechos humanos. Que las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de todos”. Sí, no debe olvidarse que también los presuntos culpables tienen derechos.
Vale aclarar que la Corte no hizo pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o inocencia de la quejosa Florence Cassez. El meollo del asunto fue que las autoridades responsables en ningún momento hicieron honor al debido proceso.
Entrevistado por algún medio, una de las víctimas de secuestro, Ezequiel Elizalde, mostró total rechazo a la resolución de los ministros. No tuvo empacho en bautizar a México como “una porquería de país”. Fue una opinión que nació del dolor, la indignación y la decepción de quien ha sido lastimado y no ha sido retribuido con la necesaria justicia. Ante lo que calificó como pésima decisión de esa “porquería de Corte” planteó la posibilidad que los mexicanos se armen, asumiendo que las instituciones mexicanas no garantizan seguridad alguna a los ciudadanos.
El momento hace olvidar que este tremendo embrollo no lo armaron los ministros de la SCJN; todo empezó en las oficinas de un oscuro funcionario, Genaro García Luna, a la sazón director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y de una empresa de televisión donde a todas luces permean los intereses más aviesos: Televisa. Florence fue liberada no porque no sea culpable, sino porque las indagaciones y pruebas fueron dañadas en forma ilegal y estúpida por, entre otros, García Luna y Televisa.
Uno de los abogados de Cassez afirmó que “Se establece un precedente en beneficio de todos los mexicanos. […] Es un asunto que da seguridad, ese es el mensaje que quiere dar la Corte a todos los mexicanos, para que este tipo de violaciones tan graves como es hacer una escenificación no sean toleradas y no se repitan”. Tiene razón; pero ¿cómo se explica eso a las víctimas, varias de las cuales señalan a Cassez como secuestradora?
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), consideró que el caso Florence Cassez es un llamado a la justicia en México; especialmente, “Es un llamado de atención a la forma de proceder de quienes elaboramos las averiguaciones y las evidencias que pueden conducir a un debido procedimiento”. Correcto, pero ¿qué hay respecto a esos funcionarios que actuaron al margen de la legalidad? ¿Acaso no hay posibilidad de que rindan cuentas? Cassez Crepin está ya en Francia y su reclusión pronto quedará en el olvido, pero acá en México es imprescindible deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias.
Murillo Karam afirmó que, aunque la PGR ya no tiene injerencia en el caso, “si hubiera más a quien castigar [desde la Procuraduría estaré muy pendiente], lo haremos con toda la intensidad posible, de manera tal que las víctimas no sientan que se quedaron sin justicia” ¿Será? Sólo el tiempo mostrará si existe voluntad gubernamental para dar satisfacción a la sociedad mexicana y recomponer, aunque sea un poco, nuestras vapuleadas instituciones.
¿Y cuál será la opinión y reacción de los “peces gordos”? Uno, el gran protector de Genaro García Luna a lo largo de todo un sexenio, no ha de tener tiempo de opinar, toda vez que sus nuevas ocupaciones en Harvard como “líder mundial” no le permiten enterarse de cosas tan mundanas. Otro, Televisa, sin duda que sabe perfectamente que su “montaje de porquería” fue la llave maestra que abrió las puertas de la exoneración absoluta a la ciudadana francesa; pero difícilmente lo reconocerá.
El periódico Le Monde publicó, entre varias notas de su cobertura del tema, una cuyo título sintetiza la situación: “Florence Cassez, un cas emblématique d’un ‘système judiciaire injuste’ au Mexique” (“Florence Cassez, un caso emblemático de ‘sistema judicial injusto’ en México”). En efecto, las víctimas de los secuestradores no han encontrado consuelo, y la liberación de Florence les representa una gravísima afrenta del sistema mexicano de impartición de justicia.
Los ministros del TSJN quedan ahora como los villanos de esta trama, al dictar auto de libertad a Florence. Sin embargo, ha sido harto demostrado que los responsables de conformar el expediente del asunto actuaron al margen de la legalidad, iniciando por ese ridículo y reprobable montaje de Televisa-AFI. Otro papelón más de este atribulado país ante los ojos del mundo por causa de instituciones claramente endebles, corrompidas en su mayoría, y una sociedad que aún no halla las vías necesarias para organizarse y pugnar por un país mejor.
Respeto a la Ley y el debido proceso; respeto a los derechos de los imputados, investigaciones imparciales y profesionales, son algunas de las tareas pendientes en México. Sin embargo, varias evidencias (resolución del IFE sobre el asunto PRI-Monex; escándalo del IFAI; opacidad en declaraciones patrimoniales, etcétera) me hacen dudar que vayamos por el rumbo adecuado y que el gobierno federal tenga interés por tornar a México un país donde se vive plenamente el Estado de Derecho.
Espero equivocarme, porque quienes queremos a México no deseamos que sea una porquería de país.
Twitter: @RicSantes
Fecha de publicación en otros medios: 24 de enero de 2013
Ver: Los Ángeles Press , Infolliteras
