Ayotzinapa: ¿qué parte aún no se entiende?
Quadratin
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[La violencia, se dio] porque no se formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no los capacitaron y no había controles de confianza, por lo que era muy difícil tomar la acción que le correspondía al gobierno de Guerrero, y se lo dijimos al gobernador Aguirre y al gobernador interino […] Se lo dijimos a sus secretarios de Seguridad que tenían que formar sus propias instituciones, por lo que hoy son las consecuencias las que se están sufriendo en Guerrero.
(Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, 11 de noviembre de 2015)
El jueves 12 amanecimos con la desagradable noticia de un desatino más de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. El día anterior, en Guerrero, la policía confrontó con violencia (otra vez), a jóvenes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. El resultado se contabilizó en decenas de heridos y detenidos. En redes sociales se mostró video de la manera en que los agentes policíacos encararon a los normalistas quienes, cuenta la crónica, previamente se habían apoderado de camiones y una pipa cargada de combustible.
No hay duda que, en el tiempo, los potenciales maestros han actuado al margen de la Ley; como tampoco existe duda que los excesos son la regla policial (como si para eso fueran adiestrados y equipados), rebasando cualquier protocolo de respeto a derechos fundamentales. La narrativa oficial y oficiosa es recurrente y, por ello, harto conocida: por un lado, apunta que los jóvenes infringen, una y otra vez, la Ley; retienen autobuses, dañan propiedad ajena, y pretenden apropiarse de recursos pertenecientes a la nación. Por otro lado, omite decir que la policía transgrede los límites de su atribución, cuando que, como ente público, debiera ser la primera en exhibir mejores ejemplos.
Cabe preguntar si hay alternativa.
Por situación cercana, la desaparición de 43 normalistas ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, el priísta (luego perredista, petista y anexas) Ángel Heladio Aguirre Rivero, se vio obligado a abandonar la gubernatura, el 23 de octubre de ese año. Su sucesor (interino) Rogelio Ortega, fue un cero a la izquierda, pues tampoco supo establecer un quehacer público que hiciera diferencia y se tradujera en la tan necesaria paz social y el establecimiento del Estado de derecho. Hace unas semanas, el 27 de octubre, el priísta-verde Héctor Astudillo asumió el encargo, con lo que se dio por terminada la pesadilla amarilla. Lo esperable era que las cosas fueran distintas y en sentido positivo. Pero en este inicio de gestión, se avizora que nada cambiará. Lo sucedido el miércoles 11 se abona a la lista de hechos que llenan de dolor e indignación a los guerrerenses. Su tranquilidad y bienestar es lo que menos interesa a los gobernantes, sean del color que sean.
Si preguntamos qué importa entonces, a esos personajes, la respuesta es sencilla: aparte de salir con el pellejo salvo y las bolsas repletas, quedar bien con su partido. Veamos si no, trayendo a colación la aseveración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que la violencia en Guerrero es debida a la irresponsabilidad de los ex-gobernadores aludidos. Es decir, la federación aprovecha para “sacar el cuerpo” de situaciones comprometedoras y las carga a la administración local, estatal y municipal; casualmente, en manos de otros partidos.
Pese a tan contundente desmarque, las evidencias indican que, por lo menos en el caso Iguala-Ayotzinapa, el gobierno federal no solamente sabía los pormenores de esa trágica noche, sino que toleró que la policía actuara más allá de lo debido; y que elementos federales, junto con el ejército, también tuvieran participación importante en el trato aplicado a los normalistas desaparecidos. El interés del señor secretario por salvar el nombre y hacer quedar bien al partido, resulta infructuoso.
Con todo, es evidente que, pese a la exigencia nacional y mundial, el empecinamiento gubernamental por acallar estudiantes inconformes, así como otros sectores sociales, continúa incrementando. Los hechos lo constatan. ¿Qué parte del “no entienden que no entienden…” que lanzó el semanario británico The Economist en enero de este año, aún NO comprenden en el gobierno y otros círculos de influencia?
En cualquier geografía, el poder del Estado se impone a los diversos atisbos de inconformidad social. En el caso Ayotzinapa, esa condición es añeja, y seguramente por ello en los futuros maestros no nace el propósito de canalizar demandas por vías institucionales. Entonces, es el gobierno quien debe procurar una alternativa que conduzca al acercamiento, el diálogo, y la formulación de acuerdos.
En su toma de protesta, Héctor Astudillo convocó a los guerrerenses a construir una nueva etapa, eliminando pobreza e injusticia, a la vez que privilegiando el Estado de derecho, pues “solo así construiremos el camino de la paz social, el respeto a la diversidad, a la pluralidad, y a los elementales derechos como individuo y sociedad”, afirmó. Parece que, en apenas unos cuantos días, su perorata se fue a la basura.
¿Y más “arriba”?
Penosamente, el “Ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto apunta en la misma dirección. Aunque quizás no todo esté perdido, pues su “Todos somos Ayotzinapa”, expresado el 27 de noviembre de 2014, en Palacio Nacional, hace abrigar la expectativa que todavía tenga voluntad de atender, positivamente, situaciones que de una u otra forma marcarán su gestión… ¿o será concederle demasiado?
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Fecha de publicación en otros medios: 16 y 17 noviembre 2015
Ver: Plumas Libres, Infolliteras, Visión Peninsular
Twitter: @RicSantes
