Doce meses y contando: México, un Estado irresponsable
Ricardo V. Santes Álvarez
En la vena weberiana el Estado se define como el conjunto de arreglos institucionales que se arrogan el ejercicio exclusivo de la violencia en un espacio geográfico. En ese sentido, es condición que un Estado no permita que sus decisiones y su ámbito de acción se vean interferidos por otro. Es decir, que hacia su interior tiene como compromiso brindar seguridad, estabilidad y bienestar, mientras que hacia el exterior se obliga a mantener soberanía.
En un Estado democrático el quehacer público es realizado en el contexto de un gran acuerdo entre gobierno y sociedad, donde la segunda adquiere un papel relevante en la toma de decisiones: el gobierno no actúa solo, la sociedad también tiene tareas que cumplir. Por tanto, en el Estado democrático el poder se ejerce en corresponsabilidad.
El compromiso de la sociedad para con los fines del Estado no es, por cierto, igual al que tiene el gobierno, dado que el segundo es quien no sólo enarbola el monopolio del uso legítimo de la violencia, sino quien tiene a su arbitrio el manejo de los recursos públicos; entre otros, esos con los que contribuyen los ciudadanos que pagan impuestos. Conducir la vida pública a la luz de un acuerdo de corresponsabilidad gobierno-sociedad remite a un Estado responsable.
La anterior es una perspectiva teórica que en México parece muy lejana. La experiencia acumulada nos dice que más bien ocurre todo lo contrario: vivimos en un Estado irresponsable. Ilustro con algunos ejemplos.
Cerco a la expresión ciudadana
Fue hace ya un año, el 1er. día de diciembre de 2012 cuando, en las inmediaciones del recinto de San Lázaro, en la ciudad de México, grupos de inconformes generaron disturbios que afectaron a ciudadanos que ejercían su derecho de manifestar públicamente su rechazo a Enrique Peña Nieto. Era el momento de toma de posesión del nuevo gobierno federal. Con el pretexto de contener la violencia y el consabido argumento oficial que los guardianes del orden “fueron agredidos primero”, la protesta ciudadana fue acallada mediante un exceso de fuerza pública. Los agresores, luego se supo, fueron grupos autodenominados “anarquistas”.
Diez meses después, diferentes sectores sociales realizaron una manifestación pacífica para rememorar el 2 de octubre de 1968. Nuevamente aparecieron los “anarquistas”, cuyos desmanes fueron excusa suficiente para la agresión de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes. Una semana después, durante su comparecencia ante los diputados, el Secretario de Gobernación afirmó que los agresores estaban identificados: “Sabemos quiénes son, pero también que hay una actuación en el marco del derecho, y cuando los detienen, por las leyes que existen en el Distrito Federal ellos quedan libres”. El funcionario insinuó que las normas del DF obstaculizan el logro de la expresión popular pacífica.
En todo esto se hace patente el desacuerdo, una situación donde el gobierno hace uso arbitrario de la fuerza en contra de una sociedad a la que, se supone, debe proteger. La opinión de Amnistía Internacional, capítulo México, sobre el desempeño de Peña Nieto en su primer año de gestión, no puede ser más contundente: “Un año perdido para los derechos humanos en México”.
Soslayo a la protección civil
El mes de septiembre en plenos preparativos para la conmemoración de la independencia nacional, el gobierno federal se empeñó en que “El Grito” presidencial fuese todo un éxito. No deseaba que los maestros de la CNTE u otras voces disonantes le alteraran su “mexicana alegría”. Vallas por doquier y un aparatoso despliegue de cuerpos de seguridad para evitar cualquier intromisión en la principal plaza de la República fueron el sello de esa “fiesta popular”. En ese ambiente, el presidente recibió en Palacio Nacional el apapacho de la élite del poder; mientras afuera, Juan Pueblo, ataviado con chamarras, gorras, banderas, globos, etcétera, todos en singular tono tricolor y cortesía del PRI del Estado de México, saludaba a su héroe en las alturas.
A esas horas, sin embargo, en el estado de Guerrero el fenómeno meteorológico Manuel nos recordaba una realidad del país: el soslayo de la autoridad a la protección de los vulnerables. En el poblado de La Pintada, familias, casas y demás bienes eran sepultados por toneladas de tierra deslizada desde un cerro. Mientras la desgracia ocurría, en el palacio de gobierno de Chilpancingo el gobernador Ángel Aguirre celebraba también. Como suscribió un conocido medio, “mientras en Guerrero llovía y llovía, el gobernador bebía y bebía”.
Antes de la tragedia, la Conagua había enviado al menos ocho advertencias sobre el inminente peligro. Lo constatan los comunicados de prensa del no. 620-13 al no. 627-13, entre el 13 y el 15 de septiembre. Ninguno de ellos fue considerado con la seriedad necesaria. Por caso, el Comunicado no. 624-13, del 14 de septiembre a las 22:00 hrs, informaba:
“Manuel se fortalece y podría alcanzar la categoría de huracán antes de tocar tierra durante las primeras horas de mañana. La influencia y la interacción entre el huracán Ingrid del Atlántico y la tormenta tropical Manuel […] generan las condiciones para que mañana -domingo 15 de septiembre- se registren lluvias muy fuertes […] La zona de alerta ahora por efectos de huracán se extiende de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Manzanillo, Colima, mientras que la de tormenta tropical inicia en Acapulco y termina también en Lázaro Cárdenas”.
Naturalmente, luego de conocerse la tragedia siguió el desmarque: El coordinador de protección civil del gobierno federal dijo que había mandado “twits” avisando del riesgo. ¡Ahh, claro!, el problema radicó en los habitantes de La Pintada, quienes tuvieron el “inadmisible descuido” de no revisar su cuenta de Twitter.
El titular de la Segob y el gobernador de Guerrero dijeron que ellos habían cumplido con su responsabilidad. Que los protocolos se habían cumplido… aunque en todo caso… habría que preguntarles a los presidentes municipales y ver quiénes habían fallado. Sí, por supuesto, y éstos dirían que el personal a su cargo en alguna dirección de atención ciudadana no hizo su trabajo; y éste a su vez que… ¿Alguien sabe si hubo indagación y se deslindaron responsabilidades?
Desprecio al derecho a la vida
El 2 de octubre, en San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, una joven mujer, inminente parturienta acudió al centro de salud de esa localidad con la esperanza de ser atendida. La institución de salud la rechazó. La joven tuvo su parto en los jardines del lugar. Anteriormente, en el mes de julio, en ese mismo lugar otra mujer pasó por la misma situación. Ambas dieron a luz bebés que, desde el primer momento, supieron que llegaron al mundo para ser repudiados como sus madres por no tener los medios para solventar los pagos que demandan administradores, médicos y enfermeras, en ese y en muchos otros centros de salud.
Pero eso no es todo, el 30 de octubre, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca exoneró al personal del centro de salud. El presidente de la comisión afirmó que había sido pura casualidad que esas situaciones ocurrieran. En medios, se recogió esta perla de declaración:
“No hay negligencia médica. Son eventos fortuitos que salen de la competencia, los médicos tienen que dar un servicio eficiente, de calidad, oportuno y profesional; suceden estos detalles, bueno, hay niños que nacen en taxis, en las escaleras, en la puerta del hospital, porque son eventos fortuitos y esperamos que no se repitan”.
El 22 de octubre, a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, murió José Sánchez Carrasco, campesino que había acudido a esa institución en busca de atención médica. José no fue atendido y murió precisamente ahí, afuera, esperando ser visible para alguien. En un video que circuló en las redes, el propio José narró su periplo justo un día antes de su muerte.
En otros lados de la geografía nacional el estado de cosas es similar. Los centros de salud, los ministerios públicos, en fin, las autoridades y servidores públicos a los que el ciudadano recurre, se muestran indolentes, omisos y, en el extremo del cinismo, auto-justificantes. El ciudadano espera ser auxiliado, pero solamente recibe el desprecio a su condición y situación.
Banalidad en el tratamiento de la inseguridad pública
El viaje nos lleva a Michoacán, escala ineludible por ser una entidad que por años ha sido nota de primeras planas debido a la interminable violencia que ahí se vive. Los sucesos del 26 y 27 de octubre en Apatzingán, donde policías comunitarios fueron agredidos por un grupo criminal y donde tuvo que intervenir la policía federal, así como los atentados contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, tuvieron la intención de desestabilizar aún más la entidad. No obstante, tanto federación como estado minimizaron la situación; para ellos, las balaceras han ocurrido entre “bandas rivales” y los atentados contra instalaciones federales son actos de “vandalismo”… nada más. Al día siguiente, el hecho parecía olvidado; no porque hubiese sido resuelto; para nada; sino porque a ese evento siguió otro, y luego otro más.
Y Michoacán sigue dando lecciones. En lo que podría entenderse como un reconocimiento que los boletines de prensa emanados de oficinas gubernamentales ya no tienen la mínima credibilidad, y a raíz de las declaraciones de la senadora panista Luisa María Calderón (hermana de usted sabe quién), ahora surge la figura de un influyente personaje local quien, mediante un video en You Tube, se propone echar por tierra los dichos de la senadora. La reacción de la señora Calderón no se hizo esperar, pues para ella no hay duda que ese video de tan singular vocero da espaldarazo al actual gobierno michoacano: “se nota que [el singular vocero] está muy cómodo con el gobierno actual”, expresó.
En el colmo de la ingobernabilidad, se informa que en los límites entre Jalisco y Michoacán, aunque también en otras geografías, se descubren cadáveres enterrados clandestinamente; presumiblemente por obra y gracia del crimen organizado. Al momento, son muchos… y contando.
Y hacia el exterior: sumisión y complacencia
Una de las características del Estado es la defensa de su soberanía. La experiencia mexicana, sin embargo, deja mucho que desear. Lo más reciente tiene que ver con las “noticias” del espionaje que la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos ejerció sobre algunos personajes públicos, entre ellos el actual presidente. Con todo, a diferencia de, por ejemplo, la manifiesta indignación y rotundo reclamo del gobierno brasileño (que también fue espiado), el de México apenas se dio por aludido.
Más indignación mostró el que aún se cree presidente, Felipe Calderón, quien mediante su activísima cuenta de Twitter pidió al canciller mexicano demandara a Washington una satisfactoria explicación por haber sido, él también, espiado. Vaya postura de quien, durante su desgobierno, abrió las puertas del país al “socio” del norte para que entrara e instalara toda una red de espionaje, los “centro(s) de fusión”.
Estado irresponsable vs. Estado fallido
En la pretensión de cercar la libertad de expresión ciudadana, en el soslayo a la protección civil, en el desprecio al derecho a la vida, en el desinterés por procurar la seguridad pública, e incluso de cara a las indignantes actitudes de servilismo hacia el exterior, ocurre una actitud gubernamental reprobable, por decir algo terso. Estamos inmersos en un Estado irresponsable. Prefiero utilizar esta última expresión porque, considero, refleja algo todavía más preocupante que la acepción de “Estado fallido” que otros han utilizado. Veamos.
De acuerdo a la organización Fund for Peace, un Estado fallido es aquel que presenta cierto nivel de desempeño en 12 indicadores; entre ellos, Pobreza y deterioro económico, Criminalización y deslegitimación del Estado, Violación de derechos humanos y del estado de derecho, Aparatos de seguridad que actúan como “un Estado dentro de un Estado”, e Intervención externa. Con esas medidas, la organización construye el famoso Índice de Estado Fallido, donde incluye evaluaciones de 178 países. En ese diseño, quien ocupa la posición número 1 es el más fallido de los estados (en 2013, tocó a Somalia ese escaño nada honroso). En el extremo opuesto, la posición 178 fue para Finlandia.
En su explicación de lo que es un Estado fallido, el Fund for Peace dedica unas líneas a México y da al gobierno un fuerte jalón de orejas:
“Un país puede, por ejemplo, experimentar niveles de Estado fallido en ciertas áreas geográficas (territorios desgobernados o pobremente gobernados). México, por ejemplo, está clasificado en el lugar número 97, pero aún así podría decirse que el Estado ha fallado en algunas áreas geográficas, hoy bajo la influencia de los carteles de la droga, más que el Estado en su conjunto”.
Fund for Peace examina más bien el desempeño de los gobiernos de los Estados, de manera que para esa organización uno de los primeros indicios de una falla es la pérdida de control del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. No brinda indicios sobre la relación de responsabilidad mutua gobierno-sociedad en la pervivencia del Estado.
Si bien es cierto que los ejemplos anteriores revelan que el gobierno falla a su responsabilidad de dar seguridad, lo mismo que confianza y certeza jurídica a la ciudadanía, y que hacia el exterior es más vulnerable que una señal WiFi, también nos dicen que la sociedad mexicana (esto hay que subrayarlo) también está fallando. Sin cortapisas, hay que decir que se falla a la responsabilidad de defender y hacer valer derechos de cara a las acciones u omisiones del gobierno.
En un Estado como el mexicano la buena relación entre gobierno y sociedad es prácticamente inexistente; por ello, lo que debe preocuparnos más es el insatisfecho propósito de la corresponsabilidad. Mi planteamiento es que más que el Estado fallido, debe atenderse el Estado irresponsable.
Tal vez la anterior se juzgue como una reflexión por demás exigente, pues ¿qué puede reprocharse a un ciudadano que muestra comprensible temor para manifestar en la calle su inconformidad a sabiendas que puede ser reprimido?; ¿qué se le reprocha a quien desconoce el impacto de un fenómeno natural por carecer de la información necesaria (acaso por no tener una cuenta de Twitter)?; ¿qué se le recrimina a una persona que recurre a instituciones de salud pensando ingenuamente que recibirá la atención que necesita?; ¿qué se exige a quien no percibe interés gubernamental en brindarle seguridad ante la descarada ola de violencia que priva en su entorno?
Combatir la corrupción, el reto mayor
La solución a la crisis de gobernabilidad que vive México no la va a proporcionar el gobierno por sí mismo. Sea del color que sea, las autoridades, los mal llamados “representantes populares”, y los partidos políticos, responden única y exclusivamente a sus intereses. NO a los intereses de la mayoría. Sabiendo esto, toca a los ciudadanos asumir su responsabilidad en la atención de los asuntos. No hay de otra. En tanto eso no ocurra, qué duda cabe que seguiremos viviendo en un Estado irresponsable.
La pregunta que surge es ¿cómo hacerle?
Un principio para la acción consiste en saber dónde estamos ubicados como país (aunque creemos saberlo, siempre es saludable que otro lo diga). El Fund for Peace ya nos da pistas. Abundaré, también con otra instancia orientadora, Freedom House, una organización que, afirma, apoya la expansión de las libertades en el mundo. Su informe más reciente, Freedom in the World 2013, presenta “el estado del mundo” en materia de libertades, mediante un esquema de agrupación de países en tres grandes categorías:
1) PAÍS LIBRE, caracterizado por la existencia de competencia política abierta, clima de respeto por las libertades civiles, vida cívica significativamente independiente, y medios independientes.
2) PAÍS PARCIALMENTE LIBRE: caracterizado por algunas restricciones sobre derechos políticos y libertades civiles, frecuentemente en un contexto de corrupción, estado de derecho débil, conflictos étnicos, o guerra civil.
3) PAÍS NO LIBRE: caracterizado por ausencia de derechos políticos elementales; donde las libertades civiles son negadas sistemáticamente.
Freedom House ubica a México en la categoría de país parcialmente libre. Con las narraciones presentadas arriba, y otras muchas que se han acumulado en 12 aciagos meses (para no forzar la memoria, obvio la “docena trágica azul” y episodios anteriores similarmente deplorables), el lector puede sacar sus propias conclusiones.
Como muchos, creo que el principal problema de México es que el quehacer público (y mucho del privado) se desarrolla “frecuentemente en un contexto de corrupción”, como advierte Freedom House. La corrupción es el principal reto para el saneamiento de la vida nacional. En el esquema de corresponsabilidad gobierno-sociedad, es un cáncer que permea ambos universos y debe extirparse lo más pronto posible. La alternativa se ve sencilla, aunque no lo es: que cada uno de nosotros se comprometa a combatir la corrupción en todos los niveles.
El rechazo a la compraventa de favores al margen de la legalidad es apenas una parte de la solución. En adición, deben prohijarse acciones ciudadanas de honestidad y transparencia tanto en el trabajo como en cualquier otra actividad; respeto al derecho de los demás a pensar distinto; disposición al servicio comunitario; rechazo a la discriminación; fomento a la cultura de la denuncia; vigilancia permanente del trabajo de las autoridades; entre muchas otras.
El lamentable estado de cosas en que nos encontramos parece advertirnos que no hay mañana para un Estado tan irresponsable como el nuestro. ¿Quién dice “yo”?
Twitter: @RicSantes
Fecha de publicación en otros medios: 1o. de diciembre de 2013
Ver: Los Ángeles Press, Infolliteras, Plumas Libres
