Y usted, ¿cree en la Justicia?
Octavio Gómez/Proceso
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Veo una gran similitud entre Humberto Moreira y Enrique Peña Nieto, dos gobernadores sencillos, humildes y generosos […] Ellos representan el perfil de los nuevos políticos de mi partido, creo que por ahí va el destino del manejo de los partidos y gobernantes de este país, con gobernadores comprometidos con la sociedad, como los tenemos en Coahuila y en el Estado de México. [Y] diría que así debieran ser todos los gobernadores del país, con ese perfil.
(Humberto Benítez Treviño, Srio. de Gobierno del Estado de México, entrevista en Zócalo Saltillo, 27 de octubre de 2008)
La incredulidad en la Justicia, o para expresarlo mejor, en la administración de justicia, es un problema preocupante en México. Ciertamente, no es cuestión exclusiva de esta Nación, sino que ocurre en muchos países; inclusive en aquellos que se dicen “desarrollados”. Pero eso no es consuelo; menos, para quien ha sido víctima de aquellos que gustan de torcer la Ley a la hora de atender asuntos, sean de carácter público o privado. Más bien, es algo que obliga a poner en contexto la actuación de las instituciones de los Estados nacionales y sus sociedades. Por las razones que sean, y frente a diversos delitos, muchos de los cuales quedan impunes, los aparatos de justicia en diversos países muestran graves deficiencias y reciben fuertes cuestionamientos.
Algunos ejemplos. A fines de 2015, en República Dominicana, una conocida cantante dijo no creer en la justicia dominicana pues su pareja, quien purgaba condena de un año de prisión por violencia intrafamiliar, fue puesta en libertad. Igualmente en ese tiempo, en Bolivia, un medio informativo daba su nota principal en este tono: “Ya nadie cree en la justicia: Jueza deja en libertad a policía sorprendido con 42 kilos de cocaína”. En interiores, se puede leer que, a pesar que el jefe policíaco fue aprehendido in fraganti, la jueza lo dejó en libertad en menos de un día.
Seguramente por situaciones tan reprobables como las anotadas, se manifiesta ese desaliento ante el desempeño de los “dadores de justicia”. ¿Se vende la Justicia? Definitivamente no; pero sí se vende quien tiene la responsabilidad de brindarla imparcialmente, en apego a la Ley. Ese es un primer elemento explicativo el estado de cosas. Otros, radican en debilidades del propio sistema, como la falta de recursos tecnológicos para realizar investigaciones, la escasa capacitación de los cuadros, los bajos salarios, la inseguridad en la integridad física tanto de juzgadores como de ciudadanos que se atreven a denunciar, etcétera. Lo cierto es que, todos esos factores, y los que falten, se conjugan en la falta de credibilidad en los esquemas que suponen rectitud.
Es el caso que, en Colombia, a mediados de 2015 se dio a conocer una encuesta de Gallup, que entre otras cosas, advertía que más del 75% de los colombianos no creen en la probidad de sus gobernantes, ni creen en la justicia. Similarmente, en diarios argentinos, a fines de 2015, una encuesta acerca de la credibilidad del poder judicial en ese país revelaba que el 62 % de la población no cree en esa figura del Estado, en tanto que el 73% le tiene desconfianza. Es más, se consideró al poder judicial como un gasto innecesario.
¿Lo anterior le suena familiar? Creo que sí. Es cada vez mayor la opinión de que en nuestro México la justicia se administra no sólo de forma deficiente, sino totalmente cínica y depravada. Un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, dado a conocer en marzo de 2015, reveló la percepción ciudadana al respecto. Destaca que el 80% cree que hay corrupción en la impartición de justicia y piensa que los mexicanos no siempre respetan las leyes; el 82% manifiesta que se favorece a quién tiene dinero; y el 37% cree que el gobierno es el responsable de garantizar la impartición de justicia.
El informe confirma la visión negativa de un pilar fundamental del Estado, pero asimismo revela un lado poco sopesado en la discusión; es decir, el grado de compromiso con el cumplimiento de la Ley por parte de la ciudadanía; pues si bien el Estado tienen el deber principalísimo de garantizar la seguridad y bienestar del pueblo, por vía de las instituciones que crea, los ciudadanos deben asumir el encargo de vivir en un régimen de derechos y responsabilidades.
¿Cómo no desconfiar de la administración de justicia si incidentes tan dolorosos como los desaparecidos de Iguala, Gro. y Tierra Blanca; Ver.; los asesinatos de periodistas; los feminicidios en Chihuahua, Veracruz, o el Estado de México; las masacres de jóvenes en Villas de Salvárcar y Horizontes del Sur, en Cd. Juárez, sólo por mencionar unos cuantos, siguen en absoluta impunidad?
¿Cómo no desconfiar del aparato de justicia, cuando el “hijo pródigo” de Coahuila, ex-gobernador y ex-presidente nacional del PRI, a su retorno de España, donde gozó de breves vacaciones en una prisión VIP, de forma exultante (a la vez que insultante) se declara listo para asumir un puesto de elección popular, la alcaldía de Saltillo quizás?
En entrevista para el diario El País, de España, en octubre de 2015, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, José Ramón Cossío, dijo:
Hay países donde la justicia puede tardar tiempo, ser intricada… pero a fin de cuentas llega. En cambio el problema en México es que un número muy grande de delitos, no solo homicidios y desapariciones, no tienen castigo. En algunos casos ni siquiera se abren los procesos de investigación; en otros, se abren tan defectuosamente que no hay modo de llegar a una solución.
Graves y decepcionantes aseveraciones de un representante del máximo tribunal judicial de la Nación, que revelan la cruda realidad del sistema. Sin embargo, aun cuando en ese nivel, el mensaje sea pesimista, lo peor que podríamos hacer es aceptar el pesimismo. Al contrario, debemos decirle al ministro Cossío, así como a todos los jueces y magistrados, en el poder judicial; a fiscales y otras autoridades, en el poder ejecutivo; y a diputados y senadores, en el legislativo, que los mexicanos ya estamos hartos de sus inacciones, omisiones y “arreglos en lo oscurito”. Que la corrupción no es un asunto estructural, como lo afirma el presidente Peña, sino que es algo inherente a esa estirpe de sujetos que se asumen orgullosamente como corruptos y se solazan cínicamente de serlo. Pero que ese no es el caso de otro sector, amplísimo, de mexicanos, que día a día luchan por tener un país mejor.
Si la procuración de justicia en México sigue siendo tan convenientemente lerda en algunos casos, como por ejemplo, el del “Profe” de Coahuila (No te preocupes, Humberto), y tan convenientemente expedita en otros, como las imputaciones contra Kate del Castillo, mantengo esperanza que el juicio ciudadano suplirá esas inconsistencias. Las elecciones de este año en algunas entidades son prueba de alta relevancia para todos, pues significan oportunidad para manifestar el deseo de cambio de rumbo o, en su defecto, para contribuir al mantenimiento de la inmovilidad social. Al tiempo.
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Fecha de publicación en otros medios: 7 de febrero de 2016
Ver: Plumas Libres
Twitter: @RicSantes
