Veda electoral a conveniencia
Ricardo V. Santes Álvarez
De cara al proceso electoral en curso, la veda que se impone a las instancias públicas para realizar propaganda es un elemento que dice mucho sobre la calidad de la democracia mexicana. Quien ha visitado recientemente páginas electrónicas del gobierno federal se encuentra con la leyenda: “En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política [durante las campañas y hasta el día de la votación] debe suspenderse la difusión […] de toda propaganda gubernamental”. Por esa razón, en internet se suspende el acceso a las secciones que difunden “programas, acciones, obras o logros de gobierno”. El ordenamiento constitucional es más amplio, pues el párrafo en mención, contenido en el Apartado C del citado artículo 41, dice que deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental en todos los entes públicos, es decir, no solamente en los de orden federal.
La disposición es loable en la medida que pretende evitar que, desde el gobierno y con recursos públicos, se influya en la inclinación política de los ciudadanos, con lo que el principio democrático del voto libre se fortalece. Sin embargo, la instrumentación de dicha disposición no es del todo eficiente. Un programa, una obra o un logro gubernamental se aprecian con relativa sencillez, pero no es así con una acción. En la esfera pública, una política se considera una acción de gobierno, aunque no todas las acciones gubernamentales son políticas públicas, esto es, no todas están en el interés general. En cualquier caso, las acciones de gobierno las realizan funcionarios públicos, y ahí está el meollo del asunto porque éstos, con frecuencia, actúan a favor de intereses personales o de grupo; y si lo hacen en este período, actúan a sabiendas que contravienen la Ley.
En este contexto la actuación del primer mandatario de la República es preocupante, pues en cuanto tiene oportunidad declara sus filias y fobias políticas, con el propósito implícito o explícito, de influir en la contienda electoral. Pese a la veda, en la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, presumió los logros de su administración, desmarcándose de los gobiernos del pasado que, “hacían exactamente lo que querían y no se les decía nada”. Entre otras cosas, dio cuenta de cómo en lo que va de su gobierno construyó o remodeló más del doble de kilómetros de carreteras que en los dos sexenios previos, y de cómo eliminó miles de trámites pese a la molestia de sindicatos del gobierno. No dudó, por tanto, en insinuar que su gobierno ha hecho más que el de Zedillo y Fox juntos, y que ha combatido exitosamente los sindicatos obesos del gobierno.
Activísimo en el último tramo de su gestión, durante el Foro Económico Mundial para América Latina, celebrado en Puerto Vallarta, afirmó que “Las coordenadas del progreso pasan por la apertura comercial y la libertad económica, no por el estatismo ni el proteccionismo”. Parafraseando el refrán, “te lo digo a ti, Cristina, para que me escuches tú, Andrés Manuel”. Y es que, para ese momento, la presidenta de Argentina, Sra. Cristina Fernández, había declarado la expropiación de la mayor compañía de Argentina, Repsol-YPF, lo que ocasionó desencanto y enojo en los gobiernos de España y México. Y es que, también, al candidato de las izquierdas a la presidencia de México se le sigue endilgando la etiqueta de enemigo de la apertura comercial, lo que éste rechaza tajantemente (es notorio, por cierto, su mayor acercamiento con el sector empresarial).
El Ejecutivo federal afecta el proceso electoral al atizar con vehemencia el fuego de la política interna, anunciando los logros de su administración y menospreciando los de gobiernos anteriores. Trastoca asimismo la buena relación que la política exterior mexicana debe procurar hacia otras naciones, criticando decisiones soberanas de gobiernos hermanos. En el extremo de la desilusión respecto a la solidez y respetabilidad de nuestras instituciones, el IFE ha declarado que el presidente goza de inmunidad casi total. No hay duda que las disposiciones jurídicas no operan igual para todos, y la mordaza política que supone la veda electoral se aplica a conveniencia. Por ello, es preocupante para México y su incipiente democracia que las acciones de la presidencia obedezcan a objetivos que no parecen propios del interés nacional.
Twitter: @RicSantes
