Otro sexenio de “daños colaterales”‎

A nombre de la comunidad de la Universidad del Valle de México […], hacemos un llamado urgente a las autoridades Federales, Estatales y Municipales para que incrementen las medidas de seguridad en el Estado de México […] Este ambiente de inseguridad no es propicio para la reflexión y para el desarrollo de capacidades que requiere la educación superior de alto nivel. [Hacemos un llamado a la ciudadanía] para estrechar los lazos de solidaridad entre vecinos, ya que es urgente reconstruir el tejido social y fortalecer la cultura [de la] legalidad entre todos los miembros de la comunidad.

(UVM, comunicado dirigido a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad Pública; Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México; y Edgar Olvera Higuera, presidente municipal de Naucalpan. 31-octubre-2016. Fuente: Pulso, Diario de San Luís).

El martes 11 de octubre, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se hizo presente en la puesta en marcha del plan Unidos por la seguridad de los mexiquenses, en el cual, en coordinación con el gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, y otras autoridades locales, dispuso desplegar 1,500 soldados, 150 marinos, y 1,500 policías federales, que se sumarían a los trabajos de las policías locales. Todo, se aseguró, en beneficio de la población. “Por eso trabajamos a partir de una estrategia integral y siempre de la mano con estados, municipios y, por supuesto, con la sociedad”, afirmó el principal responsable de la seguridad interior. “[P]orque en seguridad no hay competencias, sino unidad para servir bien [a] los mexicanos”, abundó.

La realidad, sin embargo, nada tiene que ver con discursos políticos autocomplacientes –que más bien parecen arengas de campaña electoral adelantada –, que pretenden reanimar a una sociedad que padece una violencia lacerante que no sólo luce imparable sino que tiende al incremento, y que ocurre tanto en el Estado de México como en todo el país. Soldados, marinos, y policías federales, que se agregan a las acciones de los locales, en el contexto de maravillosos “planes” diseñados en las más altas esferas de decisión; que en un mes, o a veces en menos, dan cuenta de su ineficiencia. Muestras sobran, así que solamente remito a tres.

UNA: El 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, un convoy militar fue sorprendido por presuntos civiles miembros del crimen organizado, con el funesto resultado de varios soldados muertos. ¿Hubo coordinación con las autoridades locales? Todo indica que no; que los supuestos apoyos los abandonaron a su suerte. En un primer momento, fuentes castrenses atribuyeron el ataque a hijos del Chapo Guzmán, pero éstos de inmediato refutaron la acusación. Asimismo, corrió versión que el ataque fue orquestado por un primo de los hijos de Guzmán. Hacia el 22 de octubre, el gobierno –la SEIDO en concreto –, anunció tener identificadas las causas de la agresión; no obstante, se reservó la identidad de los autores. O sea, se expone el “porqué” pero no el “quién”… ¿Secrecía propia de una investigación pulcra o simple intentona de apaciguamiento de algún sector?

OTRA: El pasado sábado 29, en Acapulco, Guerrero, cerca del así llamado Centro de Operaciones Estratégicas, dos milicianos que realizaban la labor policíaca de combatir la extorsión, fueron secuestrados. Sí… como usted lo lee: secuestrados. Este lunes 31, los militares aparecieron muertos. De inmediato, la Iniciativa Privada calificó el hecho como una, “mala señal” porque, “si eso le pasa al Ejército qué puede esperar un ciudadano ¿en qué manos estamos?”. En esa tesitura, un ciudadano de a pie podría decir: “si de estas cosas se quejan los ciudadanos empresarios, quienes pueden darse el lujo de contratar guardia privada, y algunos inclusive ser obsequiados con guardia pública asignada por alguna autoridad amistosa, ¿qué podemos esperar quienes diariamente arriesgamos nuestra integridad por la simple razón de salir de casa a ganar el sustento familiar?». Sirve preguntar al licenciado Osorio si los ciudadanos comunes realmente gozamos de protección de milicianos, marinos, y policías federales o al menos locales, o solamente somos “daños colaterales” en potencia. Y ello porque,

OTRA MÁS: La mañana de este lunes 31, en la carretera a La Marquesa, en el mismísimo Estado de México, donde semanas atrás fue lanzado el plan Unidos por la seguridad… etcétera, fueron tirados a orilla de carretera los cuerpos de 4 civiles. Ahí, en la tierra del presidente Peña Nieto y en la de quien quiere ser presidente a partir de 2018, el gobernador Ávila. Al respecto, hay que acotar que, en menos de 24 hrs, se informaba que los civiles ejecutados eran delincuentes que pretendieron asaltar un transporte urbano y fueron abatidos por “un pasajero”. Entonces, ¿nos erigimos como jueces y respiramos aliviados, pensando que, dado que eran delincuentes, tuvieron un fin merecido? Y, a propósito… un pasajero como cualquier otro civil, ¿portaba un arma y mató a los cuatro? … mmmmh.

Muchos consideran que la “estrategia” contra la delincuencia ha fallado. Yo también. No es sólo opinión doméstica, sino internacional, que la política de combatir la violencia con más violencia es un error craso. De hecho, es la misma política que, antes de diciembre 2012, el candidato Peña Nieto criticaba de su antecesor, Felipe Calderón. ¿Por qué, entonces, la continuó? Una hipótesis es que las armas y las drogas constituyen negocios muy jugosos; pero, no, no, no, no; claro que no. Definitivamente, ese no debería ser el motivo para que un gobierno preocupado por los ciudadanos actúe de forma tan deficiente… ¿o sí?

Reitero la pregunta sobre si esa mayoría de mexicanos que no disfrutamos de las protecciones personales que otorga el Estado a sus hijos privilegiados (presidente, gobernadores, diputados, senadores, líderes sindicales, ex-presidentes, y sus respectivas familias), o que el dinero puede comprar, en verdad somos motivo de preocupación para las autoridades. O, cuando algo nos pase, acaso seremos otra estadística dentro de “una estrategia que marcha muy bien”. Porque es conocido que los excesos y la violación de los derechos humanos por parte del Estado son prácticas consuetudinarias. A fines de 2011, una investigación académica de César Morales, publicada en la revista Aposta 50 (agosto-septiembre), aseveraba que, hasta 2010, existían 178 miembros del Ejército indiciados y 39 procesados por los ‘daños colaterales’, esto es, “por 206 víctimas inocentes de acciones de seguridad pública”; de ellas, 111 murieron y 95 estaban heridas. Adicionaba que los agentes y militares responsables de las muertes o lesiones permanecían en el anonimato y que ninguno había recibido sentencia.

En la administración de Peña Nieto, las muertes de civiles inocentes no han cesado. Todo lo contrario. El mes de agosto, el secretario Osorio reconoció, finalmente, que el crimen y la violencia no aminoraban. Aunque para eso, ya tenía otra genial receta: intervenciones “quirúrgicas”. En otras palabras, ya no se buscarían criminales sin ton ni son, o arrasando poblados a diestra y siniestra, con las correspondientes afectaciones a inocentes. Empero, aunque Osorio se aferre a querer convencer que todo se hace en beneficio de la población, y aunque “la estrategia” se replantee una y otra vez, la realidad sigue siendo otra. En este momento, tenga usted la garantía que el compromiso de actuar con habilidad de cirujano ya acabó. Baste preguntar a los habitantes de poblados vecinos de Culiacán lo que han vivido luego de la muerte de los militares ese 30 de septiembre.

Apenas el domingo 30 de octubre, en medios se difundió la queja de ciudadanos sinaloenses por los operativos realizados tras la emboscada a los militares: las secretarías de Marina Armada de México y Defensa Nacional acumulan nueve denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre las imputaciones, destaca el asesinato del joven Rodolfo Aguirre Meza, de 26 años, quien fue abatido en un retén por elementos de la Marina; supuestamente, porque embistió con su vehículo a los elementos y les disparó. A esta versión, dada por los militares (obviamente), se agregó que solamente “se respondió a la agresión”. Otra perla al obeso expediente de manchas de la otrora respetabilísima institución castrense.

Cada vez queda más claro que la violencia no respeta clases sociales. La voz que hoy levanta la UVM no desentona con la que desde tiempo pretérito han elevado diversas instituciones de educación pública, entre ellas la Universidad Veracruzana. Coincido plenamente en que el ambiente de inseguridad que se vive en el país no es adecuado; ni para la reflexión y el desarrollo de capacidades que requiere la educación, ni para cualquier otra actividad que pudiera desarrollarse en una sociedad democrática, de instituciones sólidas y confiables. Pero da la casualidad que, en México, las instituciones sólidas y confiables brillan por su ausencia; entre otros motivos, porque los responsables de conducirlas andan en muchas cosas, menos en los deberes que el encargo que detentan les demanda.

La UVM hizo un llamado a la ciudadanía para reconstruir el tejido social y fortalecer la cultura de la legalidad. Desde otros foros, instituciones y personas han lanzado similar invitación ¿Cuándo estaremos dispuestos a sumarnos con los vecinos, en nuestras comunidades, para que las cosas cambien? Ojalá sea pronto.

Twitter: @RicSantes

Fecha de publicación en otros medios:

Plumas Libres 1 de noviembre de 2016